Enrique Barón, ex presidente del Parlamento Europeo y presidente de la European Foundation for the Information Society ha sido el encargado de impartir la conferencia “Más Europa: un decálogo para avanzar en la construcción de la UE”, en la que ha abordado la situación de la Unión Europea en un periodo marcado por la crisis económica y por los rebrotes nacionalistas en determinadas regiones. Con ella se ha inaugurado el curso del Aula de Religión y Humanismo, que en esta edición lleva por título “Religión, Humanismo y Cultura: La memoria de Europa en un Mundo global (VIII). ¿La gran encrucijada?”. El acto, que ha tenido lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, ha contado con la presencia del vicerrector de Coordinación, Estudiantes y Cultura, Manuel Torres Aguilar; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Eulalio Fernández Sánchez; y la profesora y directora académica del ciclo, María Dolores Muñoz Dueñas.
El ciclo “Religión, Humanismo y Cultura: La memoria de Europa en un Mundo global (VIII). ¿La gran encrucijada?”, se prolongará hasta el 29 de enero y contará con la presencia de expertos como Eduardo Moyano, Josefina Cuesta Bustillo o Rafael Navarro Valls.
El decálogo de Enrique Barón
En su intervención el ex presidente del Parlamento Europeo hizo girar sus ideas en torno al futuro de la Unión Europea sobre un decálogo que se resume a continuación:
1. El proceso de construcción de la UE es un proceso constituyente abierto cuyo objetivo inicial era construir una “Federación Europea” de Estados y ciudadanos.
2. La actual UE es una “Unión de Estados” que comparten principios, valores y objetivos basados en el Estado social de Derecho, la democracia parlamentaria, la economía social de mercado, la cohesión y un modelo social; esos valores y principios constituyen los fundamentos de su legitimidad.
3. La introducción de la “ciudadanía europea” y la “moneda única” en el Tratado de Maastricht, supuso fundar la Unión Europea como una comunidad política con personalidad jurídica, ampliándose desde el Tratado de Lisboa con la inclusión de una Carta de Derechos Fundamentales.
4. La creación de la Unión Monetaria en el Tratado de Maastricht no se acompañó de un proceso paralelo de integración en los poderes económico, presupuestario y fiscal, que los distintos Estados miembros han conservado entre sus competencias nacionales. No obstante, para mantener cierta disciplina en la Unión Monetaria, se adoptó el llamado “Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, que, con la actual crisis económica y financiera, ha mostrado sus carencias al quebrarse la confianza entre los gobiernos nacionales.
5. Para salir de la crisis, las políticas de austeridad, reformas y crecimiento son complementarias, pero no incompatibles entre sí.
6. Para ello, es necesario completar el Euro, fortaleciendo la Unión Económica y Monetaria. Eso implica fortalecer la Unión Bancaria creando un “sistema europeo de garantía de depósitos” y una “agencia europea de deuda” dentro del Eurogrupo, como embrión de lo que debería ser el futuro “Tesoro Europeo”.
7. El desarrollo de la Unión Económica y Monetaria (UEM) requiere reforzar la Unión Política, sobre la base de extender la democracia y la participación ciudadana a todos los niveles, combinando los principios de solidaridad y subsidiariedad.
8. Un componente democrático fundamental en la UE debe ser el “federalismo fiscal”, aplicando el principio de contribución de los ciudadanos a las cargas comunes.
9. Para que la Unión Económica y Monetaria se complete con una real Unión Política se debe convocar una Convención abierta, con participación de los Parlamentos nacionales y de los Gobiernos de los Estados miembros, así como de las instituciones europeas (Parlamento, Comisión y Consejo).
10. En la agenda para la Unión Política se deben considerar los siguientes temas:
• crear un sistema bicameral (formado por el Parlamento Europeo, como representación de los ciudadanos, y por el Consejo Europeo, como representación de los Estados);
• reconocer a la Comisión Europea como un verdadero Gobierno europeo con claras competencias en materia de política económica (su Presidente sería elegido en investidura parlamentaria a partir de candidaturas presentadas por los partidos políticos europeos);
• dar al Tribunal de Justicia funciones de tribunal constitucional;
• articular el principio de subsidiariedad con el principio de responsabilidad compartida entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales.