En una época de concienciación en torno a la problemática que conlleva consigo el cambio climático gran parte de la ciudadanía comienza a cuestionarse cuál es la huella de carbono de los alimentos que llegan a sus mesas o de los productos que utilizan en su día a día, entendiendo la huella de carbono como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente en la producción de esos elementos.
Si bien se tiene en cuenta la energía gastada en la producción o los kilómetros recorridos por los productos, las normas internacionales que miden la huella de carbono obvian temas como la forma en la que han sido cultivados los productos generados por la agricultura. La emisión de gases de efecto invernadero será diferente dependiendo de las técnicas agrícolas utilizadas y de la cantidad de insumos incorporados para conseguirlos.
Para buscar una solución a esta ausencia de información nace el proyecto ‘LIFE Agromitiga - Development of climate change mitigation strategies through carbon smart agriculture’ coordinado por la Asociación Española de Agricultura de Conservación y en el que trabaja el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba ‘Mecanización y Tecnología Rural’ liderado por los investigadores Jesús A. Gil Ribes, Gregorio Blanco Roldán y Emilio J. González Sánchez, y Francisco Márquez García, de la ETSIAM.
Los dos objetivos que definen a este proyecto europeo son, por un lado, la generación de coeficientes que puedan ser utilizados por las normas que miden la huella de carbono (como la norma ISO 14067) que permitan cuantificar el impacto de las prácticas agrícolas en la generación o mitigación de esta huella de carbono y, por otro, el establecimiento de sistemas de manejo basados en la Agricultura de Conservación que potencien el “poder secuestrador” del suelo en la cuenca mediterránea para cultivos herbáceos y leñosos. Para ello se contabiliza toda la energía implicada: según el tipo de manejo del suelo, convencional o de conservación, insumos, maquinaria, etc.
Con esta metodología, además de mejorar el conocimiento sobre el contenido de carbono en los suelos agrícolas, se podrá demostrar la capacidad de la Agricultura de Conservación como mitigadora de las emisiones de gas invernadero y fomentar la concienciación sobre ese potencial entre la comunidad agrícola, pero, sobre todo, entre los gestores políticos y técnicos que se encargan de diseñar normas y reglamentos.
En los primeros pasos del proyecto, los investigadores han comenzado a caracterizar los principales cultivos y las principales zonas edafoclimáticas que hay en Andalucía, estableciendo una red de 35 fincas en las 5 zonas definidas. Esto permitirá buscar zonas similares en el resto de países de la cuenca mediterránea que componen el proyecto (Italia, Grecia y Portugal). El grupo de investigación de la UCO cuenta con los resultados de una década de experiencias de Agricultura de Conservación en la finca experimental del Campus Universitario de Rabanales, aportando datos sobre cómo evoluciona la materia orgánica, el uso eficiente de insumos y el control de hierbas adventicias.
Otro elemento relevante del proyecto será el desarrollo una herramienta tecnológica que permita evaluar y cuantificar el incremento de carbono debido a Agricultura de Conservación, que sirva de base para el desarrollo y seguimiento de políticas ligadas al cambio climático y comercio de emisiones. Mediante el desarrollo de esta herramienta, que tendrá el formato de aplicación para móviles, el proyecto facilitará a los agricultores el conocimiento sobre el estado de sus suelos y cómo debería ser su evolución hacia un suelo más sano y con más poder mitigador. Estos, además, se beneficiarán de la optimización de los insumos que se produce gracias a la mejora de la calidad del suelo que se genera con el sistema de Agricultura de Conservación, aumentando su sostenibilidad económica.
En los cuatro años de vida del proyecto, además de los manuales de buenas prácticas y las aplicaciones que guíen a los agricultores en su camino hacia una agricultura ‘hipocarbónica’, se generarán coeficientes de captura de CO2 utilizables por España y otros países mediterráneos, aplicables al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, o la PAC, para que quienes deban justificar el cumplimiento de estos acuerdos y los planifiquen tengan las herramientas necesarias para desarrollar y promover políticas medioambientales sobre cambio climático y agricultura en la Unión Europea basadas en el conocimiento científico y que sean interesantes para la sociedad en general, y los agricultores en particular.