Un grupo de investigación coordinado por el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba (UCO), ha realizado un estudio con el objetivo de responder a las necesidades jurídico–administrativas que plantea el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. “Este trabajo de investigación ha querido ayudar a que se puedan aplicar las normas de una manera eficaz, hacer efectivas las grandes aspiraciones de la población, de justicia, de libertad, de eficacia, que funcionen correctamente la educación y la salud”, explica el profesor Rebollo Puig. Este catedrático de Derecho Administrativo de la UCO es el responsable  del proyecto de excelencia El Derecho Administrativo tras la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, incentivado con 60.100 euros por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Este proyecto de investigación ha culminado con la publicación de un libro titulado Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía, editado por Thomson/Civitas. Un volumen en el que han participado especialistas de distintas universidades andaluzas y que abarca diferentes disciplinas además del Derecho Administrativo, como son el Derecho Constitucional o el Derecho del Trabajo.

“Con este trabajo se ha querido hacer un estudio sistemático, punto por punto, de todo el Estatuto de Autonomía”, añade Manuel Rebollo. “Un trabajo que está pensado para servir en un futuro a los encargados de redactar las leyes andaluzas y evitar problemas en las relaciones con las leyes estatales, asegurando la compatibilidad de las normas autonómicas con la Constitución”.

Reformas estatutarias

El grupo de trabajo, formado por profesores de otras universidades españolas y de distintas disciplinas jurídicas, ha analizado en profundidad el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, recogido en la Ley Orgánica 2/2007 del 19 de marzo, que incorpora importantes novedades en el ámbito de la organización administrativa. “Los retoques que ha sufrido esta norma en su reforma del año 2007 necesitan de estudios profundos para su correcta aplicación”, según explica el profesor Rebollo Puig.

A partir del año 2006 empezó una reforma de Estatutos de Autonomía, iniciada por el de Cataluña y seguida por el de Andalucía. “Esta reforma no era similar a otras anteriores, tenía muchísimo más calado y pretendía una sustancial modificación del estado autonómico español y una redistribución de los poderes”. Tal y como comenta el profesor Rebollo Puig, “nos pareció que el Estatuto de Autonomía era una oportunidad de afrontar globalmente estos cambios, su constitucionalidad, su posibilidades, en particular en esta comunidad autónoma. La nueva norma suponía muchas reformas en la organización interna de Andalucía”, añade.

“La labor de este equipo de investigación, que he coordinado, tiene como objetivo convertirse en una herramienta de utilidad que colocará cada pieza del sistema administrativo dentro del conjunto del derecho que lo regula, adecuando a la nueva norma los instrumentos necesarios para su correcto funcionamiento, lo que nos permitirá medir el grado de eficacia del derecho administrativo en los distintos sectores en los que las Administraciones andaluzas actúan”, explica el profesor Manuel Rebollo.

Uno de los aspectos en los que más se dejan notar estos cambios es en el ámbito de la organización administrativa: “Las premisas recogidas en el Estatuto ponen mucho empeño en describir las competencias autonómicas sobre los diversos sectores de la realidad social que no resultan, al menos aparentemente, coincidentes con la Constitución. De aquí proviene la importancia de este estudio que quiere aportar claridad a las competencias de las normas recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía y a su relación con las leyes del Estado español”, añade. La reforma estatutaria ha supuesto transferencias a la Junta de Andalucía como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  es decir, la gestión de aguas o las competencias en materias de subvenciones agrarias

PTL-P ( De "Andalucía Investiga" )