El ministro ha realizado estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que el proceso para la elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) se está llevando a cabo con enorme transparencia para escuchar las opiniones de todos los interesados y alcanzar el mejor texto posible, un texto compartido, el que verdaderamente necesita una Universidad de calidad.
El primer borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador fue fruto de las negociaciones desarrolladas con los representantes sindicales dentro de la Mesa Sectorial de Universidades, paso preceptivo según el Estatuto Básico del Empleado Público. En el periodo inicial de consulta, se han pronunciado sobre su redacción tanto el Consejo de Universidades como la Conferencia General de Política Universitaria, así como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas por medio de su Conferencia Sectorial de I+D y de su Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas (CASUE). También se han recibido otras aportaciones a título individual o procedentes de grupos de profesores.
Una vez analizadas todas las propuestas y observaciones, y una vez revisada a través de la Comisión Mixta de Financiación la memoria económica que debe acompañar al Estatuto, el Ministerio propondrá la primera semana de mayo un documento oficial definitivo de partida. Así, el Estatuto del Personal Docente e Investigador iniciaría a finales de dicho mes su tramitación para convertirse en Real Decreto, atravesando una fase adicional de audiencia pública. Esta sería una nueva oportunidad para aportar sugerencias, a la que seguiría el preceptivo informe del Consejo de Estado y, finalmente, el debate y aprobación por el Consejo de Ministros.
Un Estatuto necesario
El Estatuto del PDI tiene como objetivo delinear la figura del profesor moderno, adaptado a la nueva realidad de la Universidad y del Espacio Europeo de Educación Superior. Ofrece un nuevo marco normativo que recoge la diversidad y complejidad de las actividades que realiza actualmente un profesor universitario y que van más allá de la docencia (investigación, innovación, transferencia y difusión del conocimiento).
Esta realidad compleja obliga a flexibilizar el concepto de dedicación y a favorecer la movilidad del profesorado, con el objetivo de reconocer al máximo sus méritos y avances, así como permitir actuaciones ambiciosas de atracción de talento internacional.
El Estatuto define con claridad a un profesor integral, facilita su movilidad entre universidades y centros de investigación públicos y privados nacionales y extranjeros y mejora los incentivos para el reconocimiento e impulso de la excelencia de sus actividades. Con el Estatuto, se logrará que una normativa única recoja todas las bases del régimen legal que afecta al PDI, hoy dispersas en varias normas de diferente rango, y que supone un colectivo de más de 50.000 personas.
Se trata de un texto fundamental para lograr la contribución de las universidades al modelo económico basado en el conocimiento y su transferencia a la sociedad, tal y como propugna la Ley de Economía Sostenible.
