--Por un lado, identificar si existen ámbitos de actuación adicionales a los planteados en el Informe.
--Debatir, además, si las medidas propuestas son las más adecuadas o si existen alternativas que las mejoren.
--Y establecer los mecanismos normativos adecuados a cada una de las medidas en que, finalmente, se decante la propuesta de reforma teniendo en cuenta el instrumento jurídico necesario para implementar cada medida y el orden constitucional de distribución de competencias.
La intervención del ministro ha dado paso a un fluido intercambio de opiniones entre los asistentes que han acordado la constitución de un grupo de trabajo en el que estarán representados el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los rectores de las Universidades españolas.
Junto a este grupo de trabajo, en el que participan los rectores como una pieza fundamental en la gestión y la dirección universitaria, se iniciará también un proceso de diálogo y debate con el resto de actores implicados en la Universidad, entre ellos, las Comunidades Autónomas -que tienen atribuidas importantes competencias- los Consejos Sociales, los representantes del personal, los estudiantes o las Sociedades Científicas
