Si hay una imagen icónica que represente a la justicia en la mayor parte de culturas posiblemente ésta sea la de la balanza, símbolo de la equidad, no sólo en la toma de decisiones sino también en el acceso al propio sistema judicial. Pero a veces, el uso de este derecho se hace más difícil cuando tratan de ejercerlo determinados colectivos, perdiendo así, la balanza, el equilibrio que la caracteriza.
Un informe en el que ha participado la Universidad de Córdoba, realizado para la Fundación CERMI Mujeres (organización española sin ánimo de lucro que fue creada en 2014 por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ) explora, precisamente, el derecho de acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad, un documento con el que se pretende no sólo aportar conocimiento sobre esta temática en su sentido más amplio, sino también, "denunciar las barreras sistémicas, especialmente, cuando se trata de discapacidad psíquica o psicosocial", concluye el trabajo.
A la conocida discriminación por razón de sexo, se suma, según destaca este documento, una preconcepción de la discapacidad que afecta a la propia capacidad jurídica de estas mujeres, "siendo frecuentemente infantilizadas o estereotipadas, lo que provoca un acceso más limitado a la justicia", subraya la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Celia Prados García una de las autoras que ha realizado el informe junto a las investigadoras María Paz García Rubio, de la Universidad de Santiago de Compostela, y María Eugenia Torres Costas de la Universidad Complutense de Madrid.
A pesar de que todos los tratados internacionales y la mayoría de las constituciones contienen garantías relativas a la igualdad de género ante la ley, en la práctica, este derecho no se traduce en una igualdad real, según destaca el informe. Las barreras físicas a las propias instalaciones de la administración, los obstáculos derivados de la falta de transporte accesible, las dificultades para acceder a la asistencia y representación jurídicas, la ausencia de información en formatos accesibles, la falta de formación, la actitud paternalista o los prejuicios negativos que cuestionan la capacidad jurídica de estas personas son sólo algunos de los condicionantes que ponen en jaque este derecho.
Frente a ello, el informe propone una serie de posibles soluciones y buenas prácticas como el diseño de programas de formación enfocados a las personas que trabajan en el sector de la justicia, la elaboración de protocolos de información en formatos accesibles dirigidos específicamente a la mujer con discapacidad, promover la información y el asesoramiento jurídico, garantizar los ajustes razonables que permitan ejercer este derecho o impulsar la figura del "facilitador", quien actúa de puente comunicativo entre la administración de justicia y la persona con discapacidad.
Aunque durante los últimos años se han publicado algunos protocolos sobre acceso a la justicia en este sentido, subrayan las investigadoras, este nuevo informe explora la temática desde una perspectiva interseccional, es decir, desde una mirada que integra el feminismo y una visión social de la discapacidad. Por ello, explica, se ha tenido en cuenta la conexión de las distintas discriminaciones que sufren las mujeres y presta especial atención a la discapacidad psíquica, a las mujeres mayores y a aquellas que viven en zonas despobladas o con difícil acceso a los servicios públicos como la justicia.
El informe se enmarca en un contrato de transferencia suscrito entre la Fundación CERMI Mujeres y la Universidad de Córdoba, y ha sido coordinado por esta entidad universitaria. Puede descargarse a través de este enlace.